Hace unos años, cuando la ONU evaluaba lo ocurrido en el lapso que ha seguido al “decenio de la mujer”, llegaba a la conclusión siguiente: “El balance de la igualdad entre hombres y mujeres sigue muy sesgado: demasiadas responsabilidades para la mujer y exceso de poderes para el hombre. Mientras las mujeres son casi el 51% de la población y cubren dos tercios de las horas de trabajo del planeta, solo reciben un décimo del total de ingresos y 1% de los bienes”. La ecuación, sin duda, ha variado; pero la desproporción sigue.
Hay dos áreas, sin embargo, en las que el avance femenino es irreversible: educación y salud. La Unesco evalúa que, a nivel mundial, un 91% de los varones y un 87% de las mujeres en edad de ir a la escuela asisten a clases. Y aunque las cifras disminuyen a nivel secundario y en el nivel superior, se mueven con gran rapidez, registrando un considerable aumento de mujeres con acceso a estudios de algún tipo. En lo referente a salud, organismos internacionales y especialistas en planeamiento sanitario han consagrado el rol de la mujer como responsable de la salud e higiene familiar, dirigiéndose a ella en sus campañas. Similar cambio se registra en el terreno de la planificación familiar, en el que muchos países buscan que la mujer adquiera pleno control sobre su fecundidad, asumiendo la responsabilidad primera en la concepción de hijos.
Sin duda, en nuestro país el optimismo estaría sujeto a matices y precisiones. Pero nadie se atrevería a discutir el incremento del rol que cumple la mujer en estos tiempos, que la han propulsado a un liderazgo que acaso en otras circunstancias se hubiera retardado. Así, la mujer peruana es a menudo cabeza de hogares incompletos, dirigente barrial o campesina, madre del Vaso de Leche o exitosa profesional.
Hay un terreno en el que la desigualdad hace crisis: el de la violencia, física o sexual, contra la mujer. Se acaba de publicar una cifra pavorosa: 135 mujeres han sido asesinadas en el 2009 por sus parejas o ex parejas, un feminicidio que no puede continuar. También estamos retrasados en la denuncia y castigo del delito de violación, con apenas un 30% de los casos denunciados, de los cuales solo el 10.2% es judicializado, y mucho menos castigado.
Algo se ha avanzado con las comisarías femeninas y centros de atención a la mujer. Y algo también en política reproductiva gracias a la AOE –pese al inaudito fallo del TC contra su reparto gratuito por el Estado, en apelación ante la Corte de San José–, pero no se logra el cumplimiento de la ley 28983, por la cual el premier debe acudir una vez al año a exponer ante el Congreso los avances en políticas para la mujer. A su vez, la ley de cuotas de participación femenina y la que crea el registro de deudores alimentarios son pasos en la buena dirección. Pero es mucho lo que queda por hacer en esta lucha de largo aliento en pro de la igualdad.
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